¿QUÉ ES LA LEY DE SERVICIOS DE PAGO?

La Ley de Servicios de pago (Ley 16/2009, publicada en el BOE del 14-11), en vigor desde el día 4 de diciembre de 2009, transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva sobre servicios de pago en el mercado interior del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva 2007/64/CE).

¿CUÁL ES SU OBJETIVO?

El objetivo principal de esta ley y de la directiva es garantizar que los pagos realizados en el ámbito de la Unión Europea (UE) se efectúen con la misma facilidad, eficiencia y seguridad que los pagos nacionales de los estados miembros.

Además, facilitará la aplicación operativa de los nuevos instrumentos de pago del proyecto SEPA (Single Euro Payments Area), que están desarrollando las entidades de crédito a través del Consejo Europeo de Pagos (EPC), con el impulso del Banco Central Europeo y de los bancos centrales nacionales.

¿CUÁL ES SU ÁMBITO DE APLICACIÓN?

Pagos en euros o en las monedas nacionales de los estados miembros, sin límite de importe, que se realicen dentro del espacio de la UE

¿A QUÉ TIPO DE OPERACIONES DE PAGO SE APLICA?

La ley contempla los siguientes servicios de pago:

• Transferencias, incluidas las órdenes permanentes.
• Adeudos domiciliados, incluidos los no recurrentes.
• Operaciones con tarjetas de débito o de crédito.
• Ingresos y retiradas de efectivo en cuenta.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

En la ley se definen los principales términos que utiliza, con la finalidad de normalizar el lenguaje sobre pagos en su ámbito de aplicación.

• Fondos: se refiere a los billetes y monedas, al dinero escritural y al dinero electrónico.
• Operación de pago: acción consistente en situar, transferir o retirar fondos.
• Cuenta de pago: cuenta a nombre de uno o varios titulares que se utiliza en la ejecución de operaciones de pago.
• Ordenante: persona física o jurídica que autoriza que una operación de pago se cargue en la cuenta de la que es titular.
• Beneficiario: persona física o jurídica que recibe los fondos de una operación de pago en la cuenta de la que es titular.
• Adeudo domiciliado: operación de pago iniciada por el beneficiario y destinada a efectuar un cargo en la cuenta del ordenante, previo consentimiento de éste al beneficiario, a la entidad de crédito del beneficiario o a su entidad de crédito.
• Identificador único: una combinación de letras, números o signos, asignados por una entidad de crédito a su cliente, con el objeto de que este se identifique de forma inequívoca en una operación de pago. Para las transferencias y adeudos domiciliados la identificación es el CCC (Código de Cuenta Cliente) o IBAN (International Bank Account Number) y BIC (Bank International Code), y para los pagos con tarjeta, el PAN (Personal Account Number) que es el código que figura grabado en el anverso de la tarjeta.

Se destacan a continuación algunos aspectos de la normativa que pueden afectarle como interviniente en las operaciones de pago que realice:

ASPECTOS COMUNES

Para las operaciones de pago reguladas por la ley:

• No habrá distinción de tratamiento entre pagos nacionales y transfronterizos, en el espacio de la UE.
• Las operaciones de pago se tramitan de acuerdo con el identificador único del destinatario que facilite. Las entidades no están obligadas a comprobar otros datos como el nombre.
• Los gastos serán compartidos, lo que significa que el ordenante abona a su entidad los gastos que aplique a la operación de pago y el beneficiario abona los que le aplique la suya, que es lo que se conoce como “opción de precios compartidos”. La tramitación de una operación con opción de gastos distinta de compartidos no garantiza que la entidad de crédito del cliente destinatario la vaya a respetar.

ASPECTOS ESPECÍFICOS PARA LAS TRANSFERENCIAS

Si es ordenante, conviene que sepa además que:

• Es importante que verifique cuidadosamente que el identificador único del beneficiario que facilite al banco, CCC, o IBAN y BIC, sea correcto.

Si es beneficiario, conviene que sepa además que:

• La fecha valor del abono en su cuenta ahora coincidirá con la fecha en la que su entidad de crédito reciba los fondos de la entidad de crédito del ordenante.

Aspectos específicos para los adeudos domiciliados, cesiones de crédito y cesiones de facturas de tarjetas

Si es el ordenante (deudor o pagador), conviene que sepa además que:

• Podrá solicitar la devolución de una operación de pago autorizada hasta un plazo máximo de 8 semanas contadas desde la fecha del cargo en su cuenta, solo si al autorizar la operación no indicó el importe exacto y además el importe del cargo supera lo que razonablemente se podría esperar atendiendo a sus anteriores pautas de gasto.
• Por eso, y para evitar cargos indebidos por este motivo, le recomendamos que indique un importe límite al autorizar operaciones recurrentes siempre que sea posible.
• En el caso de que se haya asentado en su cuenta una operación de pago no autorizada, debe comunicarlo a la mayor brevedad posible, para que se proceda a gestionar de forma inmediata el reembolso del importe de la operación.

Si es el beneficiario (emisor o cedente), conviene que sepa además que:

• Se recomienda verificar que dispone de la autorización del ordenante para las domiciliaciones que ceda para su cobro, ya que en el caso de que una operación no estuviera autorizada por el ordenante, éste podría devolverla hasta en 13 meses.
• El ordenante podrá solicitar la devolución de una operación de pago autorizada en un plazo de 8 semanas desde que se le cargue en cuenta, siempre que exista una razón justificada.
• Además, cuando el ordenante niegue haber autorizado una operación de pago ya cobrada, le corresponderá al beneficiario la carga de la prueba.

Si desea una información más ampliada de las implicaciones de la Ley de Servicios de Pago, le recordamos que su asesor de empresas o de particulares está a su disposición para aclararle cualquier duda o cuestión que necesite.

ADAPTACIÓN DE LOS CONTRATOS VIGENTES A LA LEY

La Ley de Servicios de pago (LSP) establece una serie de normas que dotan de mayor protección a los usuarios de servicios de pago, en especial a los ‘consumidores’, que son las personas físicas que actúan con fines ajenos a su actividad económica, comercial o profesional, a diferencia de los ‘no consumidores’, que son las restantes personas físicas o jurídicas que, en los contratos de servicios de pago, actúan en desarrollo de su actividad económica, comercial o profesional.

Recoge también la LSP disposiciones relativas a las condiciones y requisitos de información aplicables a estos servicios y, para dar cumplimiento a lo previsto en la Ley, las entidades de crédito y los proveedores de servicios de pago debemos realizar algunas adaptaciones en los contratos asociados a los productos y servicios de pago.

No es necesario que los clientes den consentimiento expreso a las modificaciones contractuales propuestas, ya que se considerará tácitamente prestado si, transcurridos tres meses desde la recepción de esta comunicación, el cliente no hubiera manifestado su oposición a dichos cambios. En el caso de que el cliente mostrara su disconformidad con la adaptación y el contrato la requiriera, habría que resolver ese contrato. La aceptación de las nuevas condiciones implicará la asignación de los contratos a un contrato marco de servicios de pago, por el que se regulará la ejecución de todas las operaciones de pago individuales o sucesivas que realice con el banco.

Puede consultar el contrato asociado a la LSP en su sucursal. Las nuevas condiciones generales están disponibles en el siguiente vínculo:

• Condiciones generales (1,6 mb)